Mediante una resolución publicada este jueves, la agencia tributaria derogó disposiciones de 2012 que obligaban a brindar detalles cuando se realizaran determinadas operaciones. Buscan simplificar trámites y reducir cargas administrativas.
El Gobierno nacional eliminó este jueves un régimen de información por el que se obligaba a comunicar a ARCA todo tipo de operaciones económicas que se hicieran entre residentes argentinos y extranjeros. Esto incluía a aquellas gratuitas.
Lo hizo a través de la Resolución General 5752/2025 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), publicada en el Boletín Oficial. Se trata de dos normativas que habían sido impuestas durante el 2012.
Cambios en ARCA: qué régimen eliminaron y a quiénes alcanza
En el marco de un proceso de simplificación normativa impulsado por el gobierno de Javier Milei, la agencia tributaria eliminó las Resoluciones Generales N° 3.285 y 3.364.
En este sentido, aclararon que estos cambios se concretan “sin perjuicio de su aplicación a los hechos acaecidos durante sus respectivas vigencias“.
En el caso de la Resolución General N° 3285, obligaba a informar “toda operación económica, cualquiera sea su naturaleza, aún a título gratuito, concertada entre residentes en el país y quienes actúen en carácter de representantes de sujetos o entes del exterior”.
Así, apuntaba a todos los representantes en el país de los sujetos o entes del exterior, así como también los prestadores de servicios. Estaban incluidos los escribanos, bancos, mercados de valores, compañías de seguro, casas de cambio, entre otras entidades.
En tanto, la Resolución General N° 3.364, contenía una serie de actualizaciones que aplicaban al régimen de información. La normativa establecía nuevos plazos para brindar los datos y una serie de programas destinados a facilitar la carga virtual de la misma.
“Simplificación de regímenes de información”
Según explicaron las autoridades, la eliminación de los regímenes responde a lo estipulado por el artículo 4° del Decreto N° 353 del 22 de mayo de 2025, que encomendó a este organismo la “revisión y simplificación” de los regímenes de información, fiscalización y otros procedimientos bajo su competencia.
En ese sentido, apuntan a avanzar hacia una administración pública “orientada al ciudadano, fundamentada en la eficiencia, la eficacia y la calidad de los servicios”, según lo dispuesto por el Estado Nacional.
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