Luego del anuncio del ministro de Economía Sergio Massa, el impuesto a las Ganancias ya ingresó al Congreso. La propuesta está orientada a beneficiar a alrededor de 800.000 trabajadores.

El anuncio tuvo lugar ante una multitud de trabajadores que, a partir del 1 de octubre próximo, el piso del tributo subirá hasta $1.770.000 mensuales, lo que eximirá del pago a casi un millón de trabajadores y dejará al margen de la carga al 90% de quienes actualmente lo tributan.

La medida, que fue anunciada este lunes por el titular del Palacio de Hacienda en un masivo acto del que participaron todas las centrales obreras, comenzará a debatirse en comisión. La comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el diputado Carlos Heller, inició el debate antes de lo previsto, dado que se esperaba que comenzara el jueves.

“Desde el 1 de octubre ningún trabajador que gane hasta $1.770.000 pagará el impuesto a las Ganancias. Necesitamos que sea Ley. Ojalá los diputados y diputadas cumplan con el compromiso de cuidar el salario de los trabajadores”, reclamó Massa en sus redes sociales.

“Hemos tomado la decisión de, por decreto, impulsar desde el 1 de octubre un mínimo no imponible de $1.770.000. En la Argentina sólo van a quedar 80 mil, jubilados de privilegio o beneficiarios de altos ingresos pagando el Impuesto a las Ganancias”, aseguró Massa.

Cuáles son los principales puntos del proyecto para eliminar el Impuesto a las Ganancias

La iniciativa establece que solo abonen ese gravamen menos del 10% de aquellos empleados registrados; esto es, un 0,88% de los trabajadores que tienen empleo registrado en la Argentina.

El costo fiscal estimado para ese proyecto es de un billón de pesos anuales, según confirmaron desde el propio Ministerio de Economía.

El texto lleva las firmas del presidente de la Nación, Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Economía, Sergio Massa, y cuenta con 9 artículos, donde se “deja sin efecto el impuesto a las ganancias que recae sobre los ingresos del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones”, por un lado, y por el otro incorpora en la ley del mencionado gravamen un régimen cedular dirigido, exclusivamente, a los mayores ingresos derivados de aquellas rentas.

El proyecto detalla en sus fundamentos la evolución y el alcance de dicho gravamen desde los tiempos de la Alianza hasta el presente, remarcando que al finalizar el año 2019 (gestión Cambiemos) alcanzaba a 2.500.000 trabajadores. Esto es el 30% del total de los empleados registrados en todo el país.

La medida anunciada tiene como objeto gravar, exclusivamente, a estos mayores ingresos, con un impuesto cedular (esto es, separado de la determinación de la escala progresiva actual), entendiendo como tales a los que superen el equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles mensuales -en la actualidad, equivale a $1.770.000-; actuando dicho importe como un mínimo no imponible.

Asimismo, se incorpora una escala progresiva para estos mayores ingresos, cuyas alícuotas oscilan entre el 27 % y el 35 %.

La determinación del impuesto se efectúa de acuerdo al siguiente mecanismo: se considera, al comienzo del período fiscal, el valor del salario mínimo, vital y móvil vigente el 1° de enero de ese año, el que se actualizará el 1° de julio de cada año fiscal, considerando el valor del salario mínimo, vital y móvil vigente a esa nueva fecha.

Las retenciones realizadas sobre las ganancias netas percibidas durante el primer semestre del año fiscal se ajustarán considerando el valor del salario mínimo, vital y móvil vigente en el mes de julio, toda vez que la escala progresiva que, en definitiva, aplique para todo el período anual, es la de los montos del salario mínimo, vital y móvil vigente en el citado mes de julio.

“De esta forma solo pagarán el impuesto 88.000 contribuyentes, lo que representa menos del 1 % del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones, quedando así alcanzados únicamente los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia y las jubilaciones y pensiones de privilegio”, plantea el proyecto.

Además, esta medida “redundará en la eliminación de las distorsiones generadas por el cómputo de las deducciones personales y generales que obligan a los asalariados y las asalariadas, jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas a estar pendiente de cuestiones administrativas relacionadas con la determinación del impuesto y, respecto de los empleadores y las empleadoras, les significará una menor carga operativa atento a que se verificará una disminución del costo de cumplimiento de sus obligaciones tributarias”, agrega el texto conocido este miércoles.